La discriminación laboral es considerada ilegal según la legislación estatal y federal. Todo empleado tiene derecho a un proceso de adaptación que no produzca dificultades indebidas para el funcionamiento de la empresa.

En el caso de los empleados discapacitados, esto se hace aún más pronunciado, pues la ley aprueba que todo empleado discapacitado al que se le niegue un ajuste razonable por su discapacidad puede tener derecho a emprender acciones legales contra su empleador. El hecho de incumplir con esta ley se conoce como «falta de adaptación», y el empleador puede ser procesado legalmente mediante una demanda de derecho laboral.

Los empleadores tienen el deber legal de iniciar un «proceso interactivo» cuando un solicitante o empleado solicita adaptaciones razonables. El empleador también debe buscar y ofrecer acomodaciones adecuadas cuando tenga conocimiento de la situación de uno de sus empleados. Esta toma de conciencia puede producirse a través de un tercero, por observación, o porque el trabajador siga necesitando adaptaciones razonables una vez haya agotado sus permisos y días de descanso. Este proceso requiere una evaluación individualizada tanto del puesto de trabajo como de las limitaciones físicas o mentales específicas de la persona.

La Ley de Equidad en el Empleo y la Vivienda de California exige a los empleadores de cinco o más empleados que realicen ajustes razonables para que las personas con una discapacidad física o mental puedan solicitar puestos de trabajo y desempeñar las funciones esenciales de los mismos, a menos que ello suponga una dificultad excesiva para el aspirante en cuestión. Las adaptaciones razonables pueden incluir, entre otras, las siguientes:

También, es importante tener en cuenta que los empleados con discapacidades pueden tener otros derechos a permisos no remunerados en virtud de la Ley Federal de Permisos Médicos y Familiares o la Ley de Derechos Familiares de California.

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