El 10 de septiembre de 2021, el Tribunal de Apelación de California aprobó una serie de medidas de prueba para empleadores conjuntos en el estado de California, bajando el grado de lo que constituye «control autónomo» que las empresas tienen sobre los salarios y las condiciones de trabajo de sus empleados. Esto crea una posible nueva responsabilidad para los empresarios y empleadores conjuntos, quienes ahora enfrentan un mayor rango de restricciones legales sobre el control que ejercen en las finanzas y actividades laborales.
Tras un veredicto a favor del demandante en el caso Santiago Medina vs Equilon Enterprises, LLC, en el que el demandante acusó a la operadora MSO y a Shell, alegando violaciones del Código Laboral y argumentando que Shell era su empleador conjunto, basándose en el nivel de control que Shell ejercía sobre las operaciones de sus gasolineras.
Una extensiva investigación legal llevó a la corte a determinar que Shell ejercía un control casi total sobre las finanzas, operaciones cotidianas, instalaciones y prácticas de los operadores de MSO, lo que se extendía hasta el punto en el que la transnacional podía haber impedido a los empleados de trabajar en sus estaciones asignadas. Según declaraciones de varios testigos, este control se extendía a otras áreas, como el manejo de cuentas bancarias de los operadores, la asignación de estaciones de trabajo, e incluso la capacidad de despedir a empleados de MSO.
Para las empresas que operan en modelos de empleador conjunto, este veredicto crea un nuevo precedente. A partir de ahora, los empleadores deben ser conscientes de los numerosos factores que pueden hacer que sean considerados empleadores conjuntos de sus trabajadores. Gracias a esta medida que busca proteger los derechos de los empleados, una empresa que se considere empleadora conjunta corre riesgos de responsabilidad por costosos litigios que pueden incluir, entre otros, defensa contra reclamos por retenciones de salarios, sanciones no justificadas, e incluso violaciones de contrato.