La Legislatura de California se encuentra en un periodo de estudio para determinar si los empleados que hasta este momento han trabajado desde su casa pueden seguir haciéndolo o si debe implementarse algún tipo de notificación previa que exprese la necesidad de regresar al lugar de trabajo. El proyecto de ley del Senado (SB) 731 busca revisar esta situación a través de un comité legislativo para el cual se fijó una audiencia el 18 de mayo de 2023.
En su versión actual, el proyecto de SB 731 establece que los empleadores deben otorgar un preaviso de 30 días a sus empleados a distancia para informarles de lo siguiente:
● Todo empleado remoto tiene derecho a solicitar que se le permita seguir trabajando a distancia como una acomodación si este tiene algún tipo de discapacidad.
● Toda empresa está obligada a iniciar un proceso interactivo oportuno y de buena fe para determinar si existen adaptaciones razonables eficaces para su discapacidad, incluido el trabajo a distancia.
● Si se determina que un empleado puede desempeñar todas sus funciones esenciales a distancia, la empresa debe acceder a su solicitud para trabajar de forma remota. A menos de que esto represente una carga excesiva para la empresa, existan ajustes alternativos razonables o el empleado en cuestión no cumpla con la definición legal de discapacidad.
Este proyecto de ley surge a partir de una preocupación general que sugiere una disminución en las oportunidades para que los empleados con ciertas discapacidades puedan continuar trabajando. Adicionalmente, encuestas y estudios recientes han demostrado que un gran porcentaje de empleados –sufren de algún tipo de discapacidad o no– prefiere seguir trabajando a distancia. Incluso si las necesidades creadas por la pandemia del COVID-19 se consideran ya superadas.
De ser aprobado, el proyecto SB 731 enfrenta la posibilidad de que las solicitudes de trabajo remoto incrementen. Esto no sólo por parte de empleados cuyas discapacidades los califican para este beneficio, sino también por parte de aquellos que prefieren no volver al lugar de trabajo. Para prevenir posibles abusos de este beneficio, los empresarios tendrán que tratar cada solicitud de forma individual, pasar por el proceso interactivo requerido con cada empleado para determinar si tienen una discapacidad calificada y, en caso afirmativo, evaluar si el trabajo a distancia o algún otro ajuste razonable alternativo.